La participación ciudadana y su proceso de institucionalización

Abstract

La participación ciudadana como práctica pública es concebida como un medio en el que la sociedad civil funge como gestora ante el Estado, pero además se convierte en copartícipe en la toma de decisiones, siendo este elemento el que fortalece de manera singular la democracia. Este documento intenta explicar la incorporación de la participación ciudadana institucionalizada en los proyectos y programas que surgen del ámbito gubernamental, por lo que se considera que particularmente los denominados Comités de Barrio son un modelo que puede generar esa corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

En un primer momento se hace un recorrido histórico - contextual de surgimiento de éstas figuras, cuyo nacimiento se ubica en la década de los 80's y se le atribuyen a: a) el fortalecimiento municipal; b) los procesos de democratización del autoritarismo; c) la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y; d) el deterioro de los niveles de bienestar de la sociedad.

Por lo anterior se reconoce que la participación ciudadana institucionalizada puede intervenir en: a) la construcción de un diagnóstico para el establecimiento de una agenda de gobierno: b) la gestión de servicios públicos e infraestructura urbana que generen desarrollo y bienestar y; la formulación de políticas públicas, programas de gobierno y proyectos de desarrollo.

Éstos espacios de acción constituyen el campo natural para cultivar la participación ciudadana como actividad política capaz de generar legitimidad a la acción gubernamental a través de políticas públicas viables y un clima de gobernabilidad para impulsar procesos de desarrollo sustentados en nueve renglones específicos de impacto potencial producto de prácticas ciudadanas institucionalizadas: 1.- Construcción una agenda institucional democrática; 2.- La corresponsabilidad social en las tareas gubernamentales; 3.- Potenciar la capacidad de respuesta del gobierno; 4.- Fortalecimiento de la gestión intergubernamental; 5.- Legitimación del quehacer gubernamental; 6.- Impulsar el desarrollo local; 7.- Despartidizar la gestión gubernamental e impulsar la cultura política; 8.- Construcción de un clima de gobernabilidad; 9.- Transparencia y medición del desempeño gubernamental.

En conclusión, la participación ciudadana institucionalizada es potencialmente generadora de desarrollo regional, sin embargo, debemos advertir que aún se enfrenta a serios problemas para su implementación, son más los temores que la disposición para encausarla institucionalmente, al igual que se encuentra la realidad de los municipios en México, los cuales se caracterizan por su desequilibrio en los niveles de desarrollo, que tienen que ver con la prestación, cobertura, oportunidad y calidad de los servicios públicos; falta de infraestructura; burocratización de procesos; desequilibrios presupuestarios; partidización de la administración pública; limitada capacidad de respuesta; bajos niveles de aprecio social; dependencia económica y subordinación política, entre otros muchos.