El proceso de reforma judicial en la República Dominicana

Abstract

El Sistema Judicial, jurídico y el Sector Judicial, entendiendo este ultimo como las instituciones pertenecientes a los tres poderes tradicionales del Estado cuyo trabajo coordinado es fundamental para un proceso de Reforma de la administración de Justicia, han experimentado en los últimos años reformas de una gran trascendencia, que han impactado a la sociedad Dominicana.

Sin embargo es importante señalar previamente el contexto en que se originó la Reforma Judicial en nuestra América Latina, contexto al que no escapa la República Dominicana.

A inicio de la década de los ochenta, la nueva democracia en América Latina y el Caribe, como los nuevos esquemas de desarrollo económico, impulsaron a los países de la región a modernizar su estructura estatal. En las agendas políticas, además de plantearse la necesidad de modernizar el Poder Ejecutivo, se hizo necesaria la modernización de los otros poderes estatales.

Los países se avocaron a desarrollar procesos tendentes a reformar sus poderes legislativos, electorales y poner especial énfasis en la modernización de sus poderes judiciales. Las naciones se percataron de que sólo instituciones fuertes y respetadas pueden ser capaces de consolidar el Estado de Derecho en los nuevos regímenes políticos, y crear el ambiente de seguridad jurídica que favorezca el desarrollo económico y social.

Podríamos afirmar que los problemas comunes a los sistemas de justicia de nuestra América responden a dos dimensiones: Institucional y Organizacional.

Cuando nos referimos a problemas institucionales, podemos mencionar, sistemas judiciales débiles, incapaces de tutelar adecuadamente los derechos fundamentales, falta de independencia externa, códigos que todavía reflejan una cultura inquisitiva y ritualista, Ministerio Público débil que prohíja impunidad, jueces con una visión relativamente conservadora que se resisten al cambio, el fantasma de la corrupción, entre otras debilidades institucionales.

Entre los problemas de dimensión organizacional enfrentados en los últimos años se pueden citar: El retraso judicial, la falta de capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias sociales y económicas, el excesivo formalismo en los procedimientos, el pobre uso de las nuevas tecnologías, entre otros.

La República Dominicana no escapaba a esta realidad, surge la necesidad de avanzar en una Reforma Judicial que considere, no sólo la actuación del marco legal vigente en materia procesal y sustantiva, sino, asimismo el conjunto de normas que regulan la organización y atribuciones del sistema de administración de justicia, como los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los Abogados y porque no las Escuelas y Decanatos de Derecho.

Sin un sistema de administración de justicia independiente, eficaz, accesible y que brinde seguridad jurídica, los procesos de democratización y desarrollo económico en nuestro país no pueden ser profundos y duraderos.

En primer lugar, se debe señalar que la frase "Reforma Judicial," es utilizada en el contexto de un proceso regional para señalar similitudes, no para denotar una realidad distinta de los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los países. Dejando de lado la integración regional (cuyo desarrollo judicial es aún muy escaso e incipiente), la Reforma Judicial se desarrolla en cada país y, por supuesto, estará influenciada por la historia y las circunstancias generales de ese país. A pesar de los esfuerzos regionales, endógenos o exógenos, la Reforma Judicial debe ser un fenómeno idiosincrásico y nacional.

Partiendo de lo anterior, somos de opinión que la Reforma Judicial en la República Dominicana debe seguir orientándose prioritariamente a la discusión sobre problemas estructurales y problemas coyunturales, a nivel nacional. Problemas relativos a la educación jurídica, a la formación judicial, al desarrollo organizacional, a la mejor dotación de seguridad jurídica en el sentido más amplio del concepto, al mejoramiento de la seguridad ciudadana, a la tutela de derechos, al control del poder político, fortalecimiento de la Justicia Constitucional, a la solución alternativa de disputas y a la promoción del acceso a la justicia para todos.

La justicia es un problema de la sociedad cuya definición de calidad y evaluación de funcionamiento le corresponde a ella, aunque la administración o ejecución competa a jueces, fiscales y abogados.

El proceso de reforma judicial no ha llegado aún a un punto adecuado de maduración en la discusión acerca de los problemas- y tal circunstancia, en ocasiones, se esconde tras una discusión superficial, cómoda, parcial o interesada, acerca de los pretendidos "modelos".

En primer lugar, es necesario reconocer que existe un número apreciable de iniciativas y actividades vinculadas con ella. Reformas de la legislación de fondo, nuevos modelos procesales, la creación de nuevas instituciones como los consejos de la magistratura, el desarrollo de la justicia constitucional, reformas constitucionales que legitiman ciertos cambios o contracambios, la utilización creciente de métodos alternativos de resolución de casos, innumerables tareas de capacitación, la creación de escuelas judiciales, etc., son sólo algunos de los caminos ya transitados por los países y de las acciones cuya realización nadie puede desconocer.

La justicia dominicana ha comenzado a salir de una profunda crisis, en años anteriores el sistema de administración de justicia en nuestra nación había llegado a un grave estado de deterioro, el cual esta siendo superado significativamente. Podemos contar desde el 1994 a la fecha con avances en cuanto a fortalecimiento institucional y aspectos normativos.