Cooperación entre instituciones en situaciones de riesgo

Abstract

La protección civil constituye la afirmación de una amplia política de seguridad, que encuentra actualmente su fundamento jurídico, dentro de la Constitución española, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y mas importante de todos los derechos fundamentales y en las exigencias esenciales de eficacia y coordinación administrativa.

La magnitud y trascendencia de los valores que están en juego y la extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y materiales que han de ser movilizados para hacerles frente convierten a la protección civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema de organización que corresponde principalmente al Estado en cuanto que es una competencia integrada en el ámbito de la seguridad pública.

Sin embargo, sería equivocado que la organización de la protección civil pretendiese crear ex novo unos servicios específicos, suplantar o ejercer directamente los servicios públicos que con ella puedan tener relación o, incluso, disponer directamente de todos los medios a tal fin necesarios. Asegurar la protección civil, por el contrario, significa que no cabe circunscribir este planteamiento a los aspectos de la simple coordinación administrativa, lo que representaría asumir una estructura organizativa extremadamente débil, cuando lo cierto es que se requiere, tal y como es frecuente en los sistemas de derecho comparado, el establecimiento de una estructura operativa, con mando único a diseñar en los diferentes planes, sin perjuicio de las decisiones que al Gobierno competen como órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil que se traduce en planificación de los distintos ámbitos, sectoriales y territoriales, en cuya definición, integración y puesta a punto pueden y deben colaborar las distintas administraciones públicas.

La reciente decisión del Gobierno español de crear una Unidad Militar de Emergencias, coloca ante nuevos retos al Gobierno que deberá cooperar con las Comunidades incluso en los aspectos operativos relacionados con los riesgos, incluyendo la mitigación de los daños producidos por los desastres. En definitiva se trata de un complejo sistema de interrelaciones administrativas que debe garantizar la actuación de los diversos equipos humanos que trabajan en la administración de riesgos estatal con aquellos que en contacto directo con los ciudadanos afectados actúan permanente en relación con los desastres.