Alianzas público privadas en seguridad ciudadana: riesgos y oportunidades

Abstract

La existencia de alianzas público privadas "public private partnership" (PPPs) en el área de la seguridad ciudadana ha surgido más como una lógica de la emergencia que como una premeditada estrategia para impulsar políticas estratégicas. La violencia -múltifacética y multicausal- aún no ha merecido respuestas integrales, multiagenciales e intersectoriales de parte de los actores públicos. En este marco, los PPPs entrañan, bajo ciertas condiciones que minimicen sus riesgos, una oportunidad de dotar de enfoques más transparentes y sustentables a las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Las diferentes experiencias deben analizarse a la luz de la creciente tendencia de privatización de facto y voluntarización de las acciones de seguridad, como así también a la luz de la situación crítica que el sector manifiesta en toda la región (la violencia es generadora de un alto costo económico, político, social, institucional y ético). Debido a la ausencia, captura o ineficacia del sector estatal para brindar una adecuada prestación de acciones que entiendan a la seguridad ciudadana como bien público, se ha producido una creciente participación del mercado privado de la seguridad, no siempre adecuadamente enmarcado desde el punto de vista jurídico. Al mismo tiempo, han surgido incipientes expresiones de participación ciudadana y de diferentes ONGs especializadas en el tema, que buscan incidir para la concreción de políticas públicas estratégicas. Los PPPs avanzan, con diferente nivel de desarrollo, en medio de estas dos tendencias simultáneas.

Apuntando a que su crecimiento sea sustentable y suponga una mejora de los niveles de gobernabilidad de la seguridad de los países de la región, el Estado necesita diseñar marcos regulatorios eficaces para atender al fenómeno, de modo de asegurar su accesibilidad y equidad. Los casos de PPPs analizados, particularmente a nivel de los gobiernos locales, también expresan una oportunidad de incrementar niveles de participación ciudadana, mayor transparencia y mejor eficacia de las acciones en el área de la seguridad ciudadana.