Planificación local participativa: una herramienta para el desarrollo de las comunidades

Abstract

Desde el año 1999, la ciudadanía venezolana viene conquistando amplios escenarios para el protagonismo y ejercicio de la participación. Este auge del poder popular demanda nuevos perfiles y responsabilidades. Ello, además, exige una nueva institucionalidad política-jurídica del Estado; así como también nuevas formas de abordaje y conducción de los procesos de participación ciudadana, como un fenómeno político y social. De allí que la participación ciudadana empieza a tomar parte importante en los procesos de elaboración e implementación de las decisiones y/o políticas públicas.

Bajo esta óptica, y en el entendido que el Estado es el ente organizador del interés general de la sociedad, se plantea que éste debe contar con instrumentos oportunos para la formulación, coordinación e instrumentación de sus políticas y programas; lo cual se debe traducir en nuevas propuestas conceptuales y metodológicas de planificación y gestión pública. En este sentido, la planificación, entendida como el proceso por excelencia para la racionalización de las acciones del Estado, debe asumir un enfoque participativo caracterizado por los siguientes aspectos: - Conceptualización de las personas como sujetos activos. - Facilitar y promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la definición de los planes a nivel nacional, estadal y municipal, para que se logre una planificación de abajo hacia arriba.

Contribuciones importantes, en este sentido, han sido la formulación de un conjunto de instrumentos legales que impulsa el proceso de desarrollo comunal y la ejecución de programas de capacitación a funcionarios públicos y comunidades organizadas en todo el país, dirigidos a promover en las comunidades la adopción de instrumentos de planificación como herramienta para una mejor gestión local.

Actualmente, con el surgimiento de los Consejos Comunales, los ciudadanos se encuentran cada vez mas interesados en participar en la planificación de las obras y/o servicios requeridos por la comunidad, así como en la vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos financieros y materiales que se colocan en las manos de los funcionarios de gobierno o particulares.

Ahora bien, ¿cuál es la plataforma jurídica que soporta este iniciativa comunitaria?, ¿cómo está concebido nuestro sistema nacional de planificación pública? ¿Qué esfuerzos se han realizado desde el Ejecutivo para habilitar a las comunidades de manera que puedan asumir su rol protagónico de forma efectiva? Son algunas de las interrogantes que intentan responder en el presente trabajo.