La eficacia de la gestión pública de Costa Rica

Abstract

En Costa Rica existen limitaciones estructurales para una gestión pública eficiente y eficaz. Desde el punto de vista político, en las últimas dos décadas se produjo, por impulso del Poder Legislativo, una fuerte ampliación de la base de derechos y obligaciones reconocidas y tuteladas por el Estado y un desarrollo de múltiples mecanismos de control sobre la acción pública, sin el correlativo fortalecimiento de las finanzas públicas ni una modernización de las instituciones a cargo de la política sectorial.

Esto ha generado una creciente incapacidad del Estado para satisfacer mandatos constitucional y legalmente establecidos. Desde el punto de vista organizativo, en ausencia de una modernización institucional, el Poder Ejecutivo ha experimentado un debilitamiento de sus poderes formales e informales debido al creciente control de su regularidad administrativa, nuevas disposiciones de la legislación ordinaria y el desmantelamiento de las capacidades centrales de planificación.

A este debilitamiento se ha sumado, en los últimos veinte años, una desordenada y sostenida creación de entidades públicas -como nunca en la historia del país- orientadas a la atención de problemas específicos. El debilitamiento del Ejecutivo y la proliferación de entes públicos han agravado los problemas del Ejecutivo para agregar y racionalizar una acción pública que es hoy dispersa y atomizada.

Finalmente, desde el punto de vista fiscal, el empleo de los superávit generados por el sector público no financiero (SPNF) para enjugar el crónico déficit fiscal del Gobierno Central ha recortado la inversión del sector descentralizado del Estado, clave para la provisión de servicios a la población. Además, la incapacidad para aumentar los ingresos tributarios con el fin de atender su más alto e inflexible nivel de gasto -cuyos disparadores son el servicio de la deuda pública, el creciente gasto en pensiones y las remuneraciones-, frenó la inversión en infraestructura y en programas sociales del gobierno central en los últimos años. En los últimos años, un control presupuestario crecientemente reforzado y centralizado en el Ministerio de Hacienda ha provocado que la acción pública haya estado regida por las urgencias fiscales y no por los objetivos de desarrollo del país.