Capacidades estatales y gobernabilidad en Costa Rica

Abstract

Costa Rica posee una de las democracias más maduras y estables de América Latina. La fortaleza democrática del país se ha sustentado en tres características centrales del modelo político costarricense. En primer lugar, históricamente Costa Rica se caracterizó, a diferencia de otros países de la región, por un modelo gradualista y consensual para la implementación de reformas (Clark 2001). En segundo lugar, una alta porción del Estado costarricense ha sido separada de la competencia politica a través de la descentralización de funciones y el establecimiento de destinos específicos garantizados por la Constitución para cumplir con las mismas.

Esto ha posibilitado un alto nivel de certeza en la ciudadanía acerca de la provisión de bienes esenciales, y ha contribuido a la imagen de un Estado que vela por el bienestar general y que está por encima de las disputas políticas coyunturales. La dinámica descripta ha sido potenciada, además, por un tercer factor relacionado con la legitimidad del Estado y el sistema político en su conjunto. En lo que respecta a la administración pública, el reclutamiento del servicio civil en buena medida ha encontrado sustento en normas públicas que contemplan requisitos de idoneidad y mérito.

Los baluartes de la democracia costarricense a los que se hizo referencia representan las variables sobresalientes en el "largo plazo" (desde la promulgación de la Constitución Política, en 1949, hasta la actualidad) del sistema político. Sin embargo, los últimos 10 años muestran cierto detenimiento en la capacidad de Costa Rica para avanzar en una agenda de modernización y adecuación de sus instituciones a los desafíos que el país enfrenta. Esto ha repercutido negativamente en la plataforma de condiciones para potenciar el crecimiento económico y continuar en la senda del progreso social iniciada en los 80 (ver paper de Miguel Gutiérrez Saxe en este panel).

Dos grandes tendencias han impactado negativamente en la capacidad de los sucesivos gobiernos durante el último decenio para avanzar en la agenda de reformas y continuar garantizando una acción estatal inclusiva. En primer lugar, ha disminuido notablemente la capacidad por parte del sistema político para lograr los acuerdos necesarios para avanzar en el planteamiento de reformas y en cualquier agenda de gobierno en general.

En segundo lugar, se han incrementado notablemente las responsabilidades estatales, en un proceso que no fue acompañado por un marco de capacidades equivalente que permita hacer frente a las mismas. Como consecuencia, la efectividad del Estado se ha visto comprometida en algunos sectores producto de la falta de inversión, y en otros por las dificultades para articular en forma efectiva los recursos organizativos y presupuestarios. De hecho, el bajo nivel de capacidades estatales ha potenciado las dificultades del sistema político para generar condiciones que hagan posible el buen gobierno. Por su parte, en un país cuya ciudadanía ha tenido históricamente elevadas expectativas respecto del rol del Estado, la disminución de las capacidades estatales ha generado mayores demandas y cuestionamientos al modelo de equidad distributiva. El presente documento da cuenta de diversos procesos asociados a la disminución de las capacidades del Estado en Costa Rica en los últimos 10 a 15 años y su impacto sobre la gobernabilidad del país.