El lenguaje de la concertación social

Abstract

El horizonte mismo de la democracia en AL, la existencia mayoritaria de gobiernos divididos con escaso margen de decisión con el desempeño aislado de los partidos políticos y el creciente desapego de las instituciones como resultado del estancamiento económico y el pesimismo sobre el futuro del bienestar social hacen volver la mirada sobre la imperiosa necesidad de la concertación social. Son diversas las ofertas que actualmente existen, algunas ponen el acento en la conjugación de esfuerzos para la superación de la indigencia, otras en la superación de las desigualdades, otras más en la titularidad de derechos de ciudadanía, de manera paulatina incorporan la participación social en las políticas públicas, quedan como rezagos a superar el papel de los gobiernos y del Estado, toda vez que resulta un actor imprescindible -aunque sabemos ya no único- de la vida pública.

En este trabajo me propongo hacer un comparativo entre los principales enfoques hoy vigentes para el abordaje de las políticas públicas para hacer frente a la exclusión social asociada a los procesos de integración regional: Los Objetivos del Milenio (Organización de las Naciones Unidas), La Cohesión Social (Unión Europea), La Concertación para la Cohesión Social (Comisión Económica para América Latina). Poniendo el énfasis en la interacción gobierno - sociedad civil, sobre lo cual intentaré algunos señalamientos críticos, pero sobre todo sugeriré algunos elementos a incorporar a partir de algunas experiencias latinoamericanas.

Hace falta reformar al Estado para ser capaz de cumplir sus tareas, sobre todo para asumir la participación ciudadana, más allá de los dilemas entre democracia representativa y participativa, en esto la experiencia concreta latinoamericana tiene mucho que aportar a la discusión, no se trata de privilegiar una sobre la otra, sino de desarrollar sus ámbitos diversos, en lo social y en lo civil, para ser capaces de construir acuerdos sobre las diversas materias de la vida pública, es decir con las que tienen que ver con los distintos derechos de la persona: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en una perspectiva de integralidad y de interdependencia.