Limitaciones constitucionales y legales para la participación ciudadana en la vida pública de México

Abstract

A través del análisis de casos y de la revisión de la normatividad mexicana (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes reglamentarias) se revisan los alcances de los derechos políticos y sociales consagrados en las mismas, así como, su exigibilidad y las posibilidades de participación en la vida pública local, estatal o federal.

Se revisan seis ámbitos de éstos: a) los derechos político-electorales y la imposibilidad de participar por la vía de las candidaturas independientes; b) la falta de mecanismos de participación de los ciudadanos en el proceso legislativo; c) el estado de indefensión de la ciudadanía ante la imposibilidad de cuestionar, con efectos universales, la constitucionalidad de las leyes; d) la impunidad de los malos gobernantes, ante la ausencia de instrumentos para revocar el mandato de los funcionarios electos; e) la ausencia de espacios de participación ciudadana en la gestión pública; y f) la ausencia de justiciabilidad de los derechos sociales.

En cada uno de estos ámbitos se también se hace una revisión comparada de la legislación en la materia en otros tres países latinoamericanos: Brasil, Colombia y Costa Rica. Es evidente el rezago de México en materia de derechos políticos y sociales; Brasil muestra avances muy importantes en el establecimiento de innovadoras formas de participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas; mientras Colombia opera muy eficientemente un instrumento jurisdiccional que garantiza la justiciabilidad de los derechos sociales.

Entre los casos que se repasan se encuentra la solicitud de registro de Jorge Castañeda como candidato independiente a la Presidencia de la República; los atropellos y abusos de los gobernadores de Puebla y de Oaxaca; la operación de los Consejos Gestores de Políticas Públicas en Brasil; la acción de tutela de Colombia; y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno.

En la Reforma del Estado que actualmente se discute en México debe incorporarse de manera prioritaria una visión ciudadana, que incluye la necesidad de construir nuevos espacios públicos e incluir la participación ciudadana en el ejercicio democrático de la autoridad y el control ciudadano del poder. Por otra parte, también es importante construir las vías para lograr la protección de la justicia para hacer realidad la universalidad de los derechos sociales.

Hoy ya ni siquiera el orgullo de tener la primera Constitución social del mundo es real, su envejecimiento y, en contraste, la modernización de otras normas en los Tratados internacionales o las Constituciones nacionales nos dejaron en la retaguardia, al igual que en la materia de derechos políticos.