Posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana institucionalizada en la democratización de la esfera pública: el caso de la Ciudad de México

Abstract

En México como en otros países latinoamericanos la democracia esta en deuda con la población y los derechos económicos sociales, cívicos e incluso políticos están lejos de ser alcanzados por los y las ciudadanas. Por lo mismo aquellos y aquellas interesados en cambiar las cosas han ejercido diversas presiones para abrir mayores espacios de participación, democratizar los espacios públicos, incidir en las decisiones de gobierno y la orientación de las políticas públicas, acceder a una vida digna y lograr el respeto a los derechos humanos, por sólo mencionar algunas cosas. En respuesta a estas demandas ha crecido la cantidad, aunque no necesariamente la calidad, de los canales formales de participación y vínculos entre el Estado y la Sociedad civil.

Cuando, desde el gobierno, se hace referencia a la participación ciudadana principalmente se interpreta como aquella actuación de los vecinos en la solución de los problemas de su comunidad, proponiendo, planeando, gestionando y decidiendo junto a -no con- las autoridades. Aunque, en el discurso se reconoce como una estrategia idónea para la resolución de asuntos de interés público o como un instrumento para desarrollar una gestión pública exitosa, la referencia más frecuente alude a las formas y actividades con las que la sociedad incide en la gestión y en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público o que tienen que ver con el bienestar social, en la práctica no ocurre así.

El gobierno del Partido de la Revolución Democrática que llega al poder en 1997, intentó superar la enorme inercia clientelar estableciendo otro tipo de relación con los ciudadanos e impulsando campañas de educación ciudadana con el apoyo de organizaciones civiles que colaboraron activamente para promover un cambio cultural en la ciudadanía. En el ámbito de las políticas públicas, tanto en desarrollo social, como en seguridad pública, en desarrollo urbano y medio ambiente, se lograron estructurar una diversidad de vías de relación e intervención con los ciudadanos, sus organizaciones y las organizaciones civiles a través de diversos mecanismos pero lo paradójico radica en que en la Ley de Participación Ciudadana, promovida y aprobada por este mismo equipo de trabajo, no se recogen, ni norman estos espacios de participación; reconoce el espacio territorial como único espacio para la participación de la ciudadanía y a un actor ciudadano claramente definido al que está dirigido este tipo de participación: los (las) vecinos (as).

El objetivo de este trabajo consiste en reflexionar en torno a la que ha sido, como ha evolucionado y las condiciones actuales de la participación ciudadana institucionalizada en la Ciudad de México, en concreto el caso de las Asambleas y Comités Vecinales, los problemas y las limitaciones que presenta la política para incidir insertarse en los procesos de democratización de la esfera pública.