La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las líneas estratégicas para la conformación de un gobierno ético y socialmente viable : su instrumentación en el ámbito de las comunicaciones y transportes

Abstract

La transparencia y acceso a la información cobra sentido en la medida que los ciudadanos son generadores, forman parte y pueden tener acceso a la información que emana de las instituciones de gobierno. En México, se establecieron las bases jurídicas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el 11 de junio del 2002, la cual nos ha permitido contar con un gobierno abierto al escrutinio de aquellos a los que sirve.

La siguiente ponencia está enmarcada dentro del panel Etica-transparencia y políticas públicas. Hablaremos un poco de dicha Ley, de los obstáculos que tuvo que superar en los meses previos a su aprobación en el año 2002, y de los objetivos que persigue, contando con la participación de servidores públicos, legisladores y miembros de la sociedad civil y del sector académico y en la que ha quedado plasmado el compromiso de la presente administración por hacer de las instituciones, entes públicos que generen al ciudadano confianza plena sobre sus acciones.

Se ha emprendido una nueva forma de ejercicio de la función pública, con una política de puertas abiertas, proceso que implica una transformación cultural en la forma de concebir el servicio público. Para ello se vio la necesidad de crear el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), institución encargada de hacer cumplir la Ley en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En dicha Ley se establece en sus artículos cuáles son las causas por la que se puede determinar cuando la información se clasifica como reservada ó confidencial.

Para que exista transparencia en la información y acceso, debemos contar con un gobierno ético y socialmente viable. Esto sólo puede ser posible, gracias a que a partir de noviembre del 2002 se puso en marcha la llamada Agenda Presidencial de Buen Gobierno, compuesta por seis rubros generales: -Gobierno que cueste menos, -Gobierno de Calidad, -Gobierno Profesional, -Gobierno Digital, -Gobierno Desregulado, -Gobierno Honesto y Transparente.

Asimismo, hablaremos del caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el perfil de transparencia y ética profesional que debe proyectar a la ciudadanía, basándose en el cumplimiento de los seis puntos de la Agenda y llevando a cabo la Ley de Transparencia. Por ello se han implementado una serie de procesos y programas que permiten constatar el avance en cuanto al manejo ético de una institución pública comprometida socialmente en su diario actuar.

El sector de las Comunicaciones y Transportes en México, para la economía nacional representa aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto, esto es una muestra de la complejidad que representa la aplicación de políticas públicas que permitan llevar al país a situarse en una posición relevante a nivel mundial.

Como la Secretaría regula actividades y ramos productivos como son, carreteras libres y de peaje, transportación aérea, puertos, autotransporte federal, ferrocarriles, etc., la institución maneja un volumen considerable de información en cada una de las áreas bajo su cargo, reto difícil al momento de llevar a cabo el proceso de transparentar la información.

Entre los programas que se han implementado para fortalecer la ética y la Agenda Presidencial de Buen Gobierno en sus seis apartados, particularmente en nuestro caso, se encuentra el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción, que establece un diagnóstico de las áreas proclives a prácticas de la gestión pública donde pueda existir corrupción, el cual se ha complementado con metas e indicadores concretos para solucionar ó prevenir las conductas antes mencionadas. El cumplimiento de estos indicadores reflejará mejoras en este sector en cuanto a un servicio más eficiente y que cueste menos. Aunado a esto se establece como meta la difusión del Código de Conducta de la SCT, y que los servidores públicos de ésta dependencia hagan suyos los 12 apartados que lo componen.