Después de la crisis del Estado privatizador en Argentina, regulación y control : ¿a cargo de quién y hasta dónde?

Abstract

Las políticas de privatizaciones y desregulaciones en la década del noventa en la república Argentina, han sido objeto de severas críticas, a las que no son ajenas por cierto el componente ideológico. El fondo de tales críticas apunta a demostrar que a través de aquellas políticas existió una priorización de los intereses privados sobre los intereses sociales. Concentración económica, monopolios legales y, además, comportamientos monopólicos, ausencia de marcos regulatorios al tiempo de las privatizaciones, laxitud de los controles, defectos en los diseños de los entes reguladores y en sus respectivos funcionamientos, capturas de los entes, desprotección de los usuarios, cláusulas contractuales abusivas, no serían sino indicadores de aquella constatación sobre la asimetría existente en cuanto a los intereses protegidos.

Ciertamente que la definición del problema o del cuestionamiento, se resolvería en la respuesta a la pregunta sobre cuál debiera ser el rol del Estado. Esa respuesta creemos que no se obtiene a partir de abstracciones académicas. Antes bien, se resuelve a partir de los instrumentos considerados necesarios para garantizar los intereses sociales sin descuido de los privados. Regulación y control sería la respuesta. Sólo restaría la pregunta ¿a cargo de quién y hasta dónde?

Para conocer a cargo de quién y hasta dónde debe efectuarse la regulación y control, es menester indagar acerca de cómo estuvieron involucrados los poderes estatales, particularmente el ejecutivo y el legislativo, en el proceso de privatizaciones de los noventa y cómo, de manera simétrica, reiteran aquel comportamiento en la crisis de ese Estado privatizador. A partir de allí, se formulan reflexiones acerca de la necesidad de que la regulación y el control se efectúe a cargo de entes técnicos, cuya justificación, discrecionalidad y límites se reflexionan a la luz de los riesgos que supondría sustituirlos por los poderes institucionales involucrados en las emergencias vividas en Argentina. Por los mismos motivos, pareciera razonable que tales entes participen en la revisación de lo actuado en la década pasada.