Una nueva administración de personas para un nuevo siglo

Abstract

Los desafíos a los que se enfrenta la administración pública en España han hecho necesario instrumentar un conjunto de políticas, estrategias y medidas, dentro de las cuales ocupa un lugar destacado todas aquellas relacionadas con el capital humano.

En un entorno condicionado por un proceso de cambio técnico radical y generalizado el capital humano constituye uno de los factores críticos en el funcionamiento de la administración pública, lo que ha llevado a formular una nueva política de dirección y desarrollo de las personas que se articula a través de las siguientes estrategias:

La simplificación de la organización de la función pública por medio de una nueva ordenación de la función pública de acuerdo con las funciones de la administración, la reducción y simplificación del número de cuerpos y escalas, una mayor movilidad de los funcionarios, todo ello en el marco de un nuevo modelo de función pública de carácter integral que ponga en relación las distintas políticas de personal.

La mejora de la selección de los empleados públicos, vinculando la selección a las necesidades actuales y a su posible evolución y agilizando y actualizando los procesos de selección.

La mejora de la formación, estrategia básica en una coyuntura en la que el cambio técnico y la incorporación de España a la Unión Europea han aumentado la importancia de la forma en que la administración gestiona el aumento de cualificación de sus empleados, y para cuyo desarrollo es necesario concebir la formación de forma global, acercar la formación a sus destinatarios y adaptarla a sus necesidades, convertir los centros formativos en lugares de intercambio de experiencias y evaluar los resultados de las acciones formativas.

La promoción del desarrollo profesional y personal de los empleados públicos, estructurando el desarrollo profesional a través de dos factores principales: conocimiento y desempeño.

El establecimiento de una regulación especifica para el personal directivo, formado tanto por personas externas a la Administración como por funcionarios pertenecientes a la misma, que incida en la capacidad de gestión interdisciplinar y en la responsabilidad por resultados.

La práctica permanente del diálogo de todos los actores: administración y sindicatos, empleados y directivos, ciudadanos y usuarios.

El fomento del trabajo en equipo con la constitución de grupos de mejora que trabajen en la identificación de aquellos problemas que suponen un obstáculo para el avance de la administración y en la propuesta de soluciones.

Mantener una presencia significativa y activa de funcionarios españoles en las instituciones europeas y en otros organismos supranacionales e internacionales.