La cabeza encabeza la reforma : el porqué y para qué de la modernización del aparato público estatal en la Gobernación del estado Zulia
Abstract
El Estado Zulia es la entidad federal más poblada de Venezuela y su gobernación es una organización de carácter intermedio del poder ejecutivo que cuenta con aproximadamente 30 mil funcionarios y responsabilidades en áreas fundamentales como salud, educación, cultura e infraestructura social y productiva. La situación de ingobernabilidad resulta evidente. No sólo se trata de una coyuntura histórica del país que supone crisis económica, política, social y cultural, supone muy básicamente una administración pública descentrada de su función, olvidada del ciudadano, clientelar, plagada de mala burocracia, dominada por partidos y sindicatos, infuncional e ineficiente. Cómo iniciamos el abordaje de la Reforma. Primero recibimos formación básica en ciencias y técnicas de gobierno por parte de Carlos Matus y de allí iniciamos la conformación de un equipo de reforma. Sin embargo, la reforma no avanza o retrocede en función de una organización eficaz a su cargo (como lo han demostrado varias experiencias en mi país y en otros de América Latina), la reforma avanza definitivamente en la medida que el gobernante es el primero que la promueve frente a todo el entorno, pide cuentas por ella y evita el avance de la contraorganización en su lucha por el sostenimiento del estatus. Hoy en día tenemos un equipo que incluye gente de la sociedad civil, tenemos un Plan prospectivo de largo plazo, tenemos un sistema de dirección estratégica en pleno proceso de consolidación, tenemos un proceso de rediseño macroorganizacional en marcha, tenemos equipos de calidad de gestión en casi todas las suborganizaciones, tenemos experiencias exitosas de salud y educación con mayores niveles de participación privada y tenemos, fundamentalmente a muchos otros actores sociales importantes y a la opinión pública en general sensibilizada sobre el impacto que un aparato estatal asumiendo el reto de modernizarse supone para toda la sociedad. La relación de oferta y demanda electoral supone que el cierre fundamental que permite sostener en el tiempo este esfuerzo es el involucramiento de la gente en una propuesta de gestión sobre la que se puedan pedir y rendir cuentas por resultados. Ello obliga al gobernante a demandar a sus directores de igual modo y ellos a toda la organización.