Estrategias de comunicación para un nuevo modelo de prestación de servicios públicos

Abstract

En este trabajo se defiende que una de las funciones principales de la Administración como agente político es asegurar el desarrollo de la política pública a partir de la implementación de los programas de actuación a través de redes interdependientes en las que interaccionan tanto agentes públicos como privados. Por ello, una nueva Gestión Pública debe tener presente la importancia del factor exterior, precisamente analizando las características de los distintos agentes, grupos de interés, partidos, y otras organizaciones burocráticas, con los que debe interaccionar para poder generar y llevar a cabo políticas. Las decisiones políticas se toman en este tipo de comunidades de agentes, por lo que resulta imprescindible conocer sus dinámicas de actuación: Identificar el número de participantes, los intereses en juego, la frecuencia de interacción entre organizaciones, su continuidad, grado de consenso, recursos disponibles y distribución de poder en la red de actores presentes en el proceso de interacción público.

Desde esta perspectiva, adquiere una relevancia especial la consideración de las relaciones con el exterior por parte de nuestras Administraciones Públicas. En primer lugar, deben esforzarse por detectar las necesidades externas, tanto reales como percibidas, facilitando la bidireccionalidad de los procesos de comunicación: Ciudadanos-Administración y Administración-Ciudadanos, dejando de preocuparse únicamente por el interior de su organización. En segundo lugar, en la elaboración de las políticas y en el proceso administrativo debe otorgar un papel más relevante a la información procedente de los agentes externos.

La incorporación de la detección de necesidades y demandas de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicos y la igualdad política son dos principios básicos que caracterizan una democracia. Así el grado de permeabilidad del Sector Público ante las demandas de los ciudadanos puede ser considerado un indicador del grado de control político que el ciudadano ejerce sobre las acciones de los decisores públicos. En el seno de los sistemas políticos democráticos la legitimidad del poder guarda estrecha relación con la aceptación de su actuación por parte del entorno social. En este sentido es útil la introducción de métodos de gestión que propicien la receptividad en la actividad de la Administración y el aumento de la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas.

Por otro lado, en el texto se enfatiza en el hecho de que la información va a ser el elemento económico estratégico por excelencia en el próximo siglo. Hasta ahora lo habían sido los recursos energéticos y las materias primas. En el siglo XXI, la disposición de información se convertirá como factor clave, y más que de Información, la disposición de conocimientos, es decir, información desarrollada, analizada y procesada. Junto a la transformación de la valoración económica de la información, van a cambiar las reglas de las transacciones.

Las Administraciones Públicas no pueden permanecer al margen de este fenómeno y, al igual que el sector privado, deben incorporar nuevas tecnologías de información de forma generalizada, que faciliten la relación administrativa con ciudadanos y empresas. A su vez, el proceso de cambio afectará a medio plazo a la forma en que el sector público trabaja y recopila toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De este modo, el sector público va a ser uno de los mayores usuarios de las tecnologías de la información en el futuro, al ser el sector de actividad que más cantidad y diversidad de servicios presta a los ciudadanos.